Hablemos de las cárceles XIV

No me cuesta trabajo pedir perdón si me equivoco y meto la pata. Un antiguo amigo, en relación con mi artículo anterior, en el que recriminaba el video vergonzoso de la señora ministra Irene Montero, ese en el que decía “tía, mogollón de peña volcada…” y algunas otras sandeces, que luego intentó enmendar diciendo que era una conversación privada y había sido dicho “off the record”. Yo afirmaba en mi artículo textualmente: “dos pelotas distintos –uno y una- arreglan el pelo a la señora ministra para que luzca en todo su esplendor”. Mi antiguo amigo comenta y afirma: “No le arreglan el pelo dos pelotas. Son dos trabajadores de ETB que le colocan el pinganillo minutos antes de entrar en antena. Normal salvo para los que ven lo que quieren ver”.

Pido disculpas por entender en su momento que eran dos pelotas, cuando eran dos trabajadores de ETB, pero no me desdigo de que no puede excusarse la ministra diciendo que hablaba off the record, cuando lo hacía con una cámara y una periodista delante y con trabajadores de la ETB que le arreglan el pelo. Mi critica a la señora Montero – no estoy acostumbrado a comulgar con ruedas de molino- no significa que me haya pasado a la derecha, ni esté a punto de entrar en Vox. No milito, ni militaré, ni he militado en partido alguno y, de hacerlo, sería en el de mi compañero de pupitre José Antonio Pérez Tapias, Socialismo y República. Esa asociación sí tiene buena pinta. Nada que ver con quienes nos gobiernan. Cada vez que oigo una noticia nueva – hoy sábado en la Sexta- sobre el trato dispensado a los ancianos en las residencias, me avergüenzo más de este país y sus gobernantes. El gobierno central echa la culpa al autonómico. Si el autonómico es un bluff, ahí tiene que estar el central para corregirlo, Sr. Iglesias, vicepresidente de asuntos sociales y jefe máximo del asunto, que no todo es casoplón, escoltas, sueldazo y charlas demagógicas. Todos llegamos a viejos y una sociedad se califica por cómo trata a sus ancianos, a los que trabajaron una vida entera por el país y son – somos- tratados como números inservibles.

No me quiero cabrear más de lo que estoy. Volvamos a nuestra historia penitenciaria que dejamos en el Psiquiátrico Penitenciario, en Martínez Zato – que hizo algo- y en Márquez Aranda y Blanque Avilés que, si hicieron algo, nadie lo notó. Algún otro mando supremo de prisiones ha habido así.

En 1988 fue nombrado por Enrique Múgica, el gran reformador de la institución penitenciaria española: Antonio Asunción. Ni siquiera Carlos García Valdés, autor de la Ley General Penitenciaria, ha sido más importante que Antonio Asunción.

Para empezar, transformó lo que era una simple Dirección General en Secretaría de Estado, amplío las plantillas y los equipos directivos y sanitarios de las cárceles y metió en ellas, de lleno, la gestión empresarial. Se encontró con unas cárceles decrépitas, viejísimas, salvo las pocas hechas por la UCD – Fontcalent, Lugo, Murcia, Lérida…- y acometió sin dudarlo el plan de modernización de centros penitenciarios que aún hoy sigue vigente con casi todos los centros renovados con el llamado centro tipo. Él fue el inventor y el impulsor, que hay mucha gente a la que le gusta colocarse medallas por algo que ha hecho otro, de la nueva infraestructura penitenciaria que tiene este país.

Cuando estaba trabajando en el diseño del centro tipo comenzaron, después de unos años olvidados, los graves motines e incidentes en distintos centros penitenciarios. Les voy a recordar unos cuantos de los que tengo memoria a bote pronto para que vean la situación explosiva, casi comparable a la que vivimos en el 77, aquel verano sangriento, de incendios y destrozos carcelarios en toda la geografía.

En marzo del 90, ETA asesinó a un funcionario de San Sebastián, Ángel Mota. Los funcionarios, en protesta por el asesinato, se negaron a entrar a trabajar. No hubo propuesta de huelga, no hubo servicios mínimos ni hubo nada, simplemente no entraron y quedaron las cárceles en manos de algún interino, de los subdirectores – el director se quedaba en el despacho en permanente contacto con Madrid-…y de los presos, que destrozaron cuanto quisieron, quemaron y camparon a sus anchas hasta que la guardia civil restituyó el orden. En Fontcalent, donde yo era entonces subdirector de régimen, secuestraron a un funcionario interino en la cocina – no contaré el motivo porque era un pobre hombre- y amontonaron contra la puerta de la misma las botellas de butano para hacerlas estallar. Tuve que sacar a aquel señor personalmente – creo que murió unos años después-, tras mantener durante un par de horas una conversación de besugos con el que llevaba la voz cantante en el grupo que había tomado la cocina, y lograr convencerlo de que lo mejor era que cada uno se metiera en su celda por las buenas, sin dar lugar a que entraran los grupos de operaciones especiales, que estaban en la puerta preparados, porque la conversación sería entonces de otra forma.

Las revueltas de marzo por la ausencia de funcionarios que protestaban así por el asesinato del compañero solo fueron el inicio de algo mucho más violento que vendría después.

En noviembre del 90, saltó de nuevo Fontcalent a la primera página de los periódicos. Cortés Escobedo – el zorro- y su cuñado Pinteño – ambos conocidos de las cárceles desde que entraron como menores, carne de cañón irrecuperable- lideraron un gravísimo motín con funcionarios secuestrados y con un interno argelino asesinado en el patio. Aquí no hubo negociación y fueron las fuerzas de seguridad quienes restauraron el orden. El juicio en la Audiencia Provincial, en el que se repartieron más de quinientos años entre los participantes, tuvo que repetirse al ser revocada la sentencia por el Tribunal Supremo por considerar que los imputados no tuvieron garantizados suficientemente sus derechos cuando fueron juzgados por el sistema de videoconferencia.

Apenas extinguido el motín de Fontcalent se desató otro gravísimo hecho en la cárcel de Huesca. Manuel Castillo Jurado y Carlos Estévez secuestraron a unos funcionarios, hirieron al Jefe de Servicios y consiguieron llevar a cabo la fuga ¡En el coche del director y con dos funcionarios como rehenes! Nunca en un motín hay que facilitar la salida porque, mientras estén dentro hay posibilidad de acción y de negociación. El gobernador de Huesca, Vicente Valero – lo conocí como funcionario en la subdelegación de Alicante- y el director de la cárcel, José Otal, fueron cesados inmediatamente después de esta fuga. Creo recordar que el coche del director fue arrojado a un pantano y los evadidos fueron detenidos tiempo después en Barcelona.

Unos meses después, en el verano del 91, tuvo lugar otro motín grave en El Puerto de Santamaría. También un interno extremadamente peligroso, Julio Romero Amador, decapitó al que hasta hacía poco había sido su amigo, el atracador alicantino Miguel Anguita. Un ajuste de cuentas, así se definen genéricamente los arreglos de deudas, insultos, chivatazos y afrentas de todo tipo entre delincuentes. Juan Redondo, otro famoso y peligrosísimo preso, se paseó y enseñó la cabeza del asesinado metida en un cubo de fregona para “demostrar que la cosa iba en serio”.

En septiembre del 92 – habíamos tenido mil reuniones y mil avisos de que los presos, especialmente los etarras, querían protagonizar hechos graves que se aprovecharían del altavoz internacional que eran las Olimpiadas y la Expo- otro viejo conocido de todas las cárceles, Joaquín Zamoro Durán, que también pretendía ir de intelectual anarquista, organizaron un grave motín en la prisión de Daroca con la intención de evadirse, fallida desde el principio. También las unidades especiales de la guardia civil pusieron fin en unos minutos – usando sus armas de fuego evidentemente- a más de un día de secuestros y violencia intramuros y liberaron al juez de vigilancia y al subdirector de gestión penitenciaria. Los amotinados, su líder Zamoro, no respetaron ni la norma mínima y universalmente aceptada de no tocar a quienes entran a negociar para resolver las situaciones de conflicto.

En junio del 95 un juez asturiano cayó de nuevo en la trampa que este colectivo preparaba con frecuencia. Santiago Cobos y Juan Redondo, dos presos de larga trayectoria de conflictos graves, siguieron una táctica antigua y que habían seguido otros grupos de presos en otros sitios: escribían a un juez, lo insultaban, lo amenazaban e insultaban gravemente a su mujer – generalmente con graves acusaciones sexuales llenas de lindezas irrepetibles- porque eso hiere la hombría y hace que los hombres se enerven – a mí me pasó con otros jueces en Valencia y en Nanclares, pero estos no picaron-. Llamados a prestar declaración en el juzgado, intentaron la fuga asesinando a uno de los policías que custodiaba los calabozos e hiriendo a otros. La fuga era siempre el último fin de estos hechos y de muchos motines en los que, supuestamente, reclamaban derechos.

No me voy a eternizar contando motines y apuñalamientos o secuestros en las cárceles porque tendría para una enciclopedia. Antonio Asunción afrontó el problema y cogió el toro por los cuernos. Organizó un par de reuniones informativas y de reflexión sobre el problema. Nos dimos cuenta de que, efectivamente, en los motines, en los secuestros, en los asesinatos, en las cartas vejatorias y amenazantes a los jueces buscando causas en juzgados con poca vigilancia para liarla, siempre participaban los mismos. Noventa presos habían conseguido poner al sistema penitenciario español contra las cuerdas porque todos los hechos que protagonizaban eran de una gravedad extrema y tenían una publicidad intensa. Ellos propiciaron la creación del FIES, tan sensato, tan necesario, tan polémico y tan denostado. Un medio de defensa del Estado.